La dirección federal de Izquierda Unida ha mantenido una importante reunión de trabajo con responsables de sus federaciones en aquellas comunidades que cuentan con cajas de ahorro involucradas en Bankia y en su matriz Banco Financiero de Ahorros (BFA) para analizar la nacionalización de ambas entidades y la reestructuración del sistema financiero aprobada en el Consejo de Ministros el viernes pasado.
La reunión, celebrada el sábado en la sede federal de IU en Madrid, estuvo presidida por su secretario de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio. En ella también participaron representantes de ADICAE (organización de usuarios del sector financiero) y de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro (a la que pertenecen activistas del 15M y miembros de ATTAC). Ambas organizaciones expusieron sus opiniones sobre la defensa de los intereses de los clientes y pequeños ahorradores en este proceso de nacionalización (se da la circunstancia de que ADICAE ha identificado entre 3.000 y 4.000 millones de euros en preferentes en Bankia) y sobre el papel que la nacionalización de las cajas puede jugar en la salida de la crisis.
Entre las conclusiones de la reunión García Rubio destaca que “la nacionalización no debe ser para salvar a los banqueros sino para recuperar un instrumento que permita hacer fluir el crédito a la pyme y las familias, salir de la crisis apoyándose en lo público y financiar el desarrollo sostenible. Por tanto, debe ser una nacionalización permanente, que asegure un control democrático de las instituciones resultantes y debe hacerse mediante un sistema de consulta y participación democrática”.
“Nos opondremos –enfatiza- a cualquier privatización, troceamiento y venta de Bankia, una vez rescatada con el dinero de todos. Si esto se hiciera, los banqueros privados volverían a las andadas”.
García Rubio denunció la falta de información del Gobierno sobre el proceso emprendido. “Al término de la reunión seguíamos sin tener el borrador del decreto de reestructuración del sistema financiero. Somos la tercera fuerza política del país, pero ni nos quejamos ni nos dejamos de quejar. Es el estilo que elige el Gobierno. Ellos y sus mentores verán si siguen por este camino durante el largo recorrido que queda para completar el proceso, tiempo en el que Izquierda Unida tendrá muchas cosas que decir”, indica.
El responsable de Economía de IU explica que los participantes en el encuentro constataron que tras la privatización y bancarización de las cajas de ahorro “el Gobierno procede ahora a su expolio. En la práctica se ha nacionalizado lo que ya era público en su mayor parte: los activos de las cajas de ahorro, mientras se dejan fuera intereses de fondos de inversión y de grandes empresas. A los pequeños ahorradores se les ha engañado haciéndoles creer que se hacían dueños de un banco y a muchos se les ha vendido productos que ni conocían ni pueden gestionar. Izquierda Unida se ha comprometido a luchar por una satisfacción justa de sus intereses”.
Explica que “consideramos que los activos de las cajas no pueden ser reducidos a cero. Hay un patrimonio evidente y unos derechos reales muy importantes. Algo semejante ocurre con la Obra Social, que hay que preservar y defender. Estos activos deben ser valorados, cuantificados territorialmente y mantenidos como activos de las cajas en el capital social del BFA. Izquierda Unida va a proponer una fórmula pública para ejercer los derechos políticos que se derivan”.
García Rubio señala también que en la reunión se analizó que “será necesario articular una forma de representación de los intereses sociales en las instituciones nacionalizadas. En Alemania, los trabajadores están representados en los Consejos de Administración y/o de Control de las empresas importantes y tienen derecho de veto sobre cuestiones de trascendencia. En el resto de Europa, si alguien osa cuestionar la presencia de representantes políticos en los órganos decisorios del sector público sería calificado directamente de fascista. Otra cosa es que haya que responder de la gestión”.
En cuanto a los activos inmobiliarios, el responsable de Izquierda Unida plantea la posibilidad de “utilizarlos para dar una salida a la escasez de vivienda social existente en España. Trabajamos sobre una alternativa global al sector de la vivienda, en la que se consideran también fórmulas de vivienda social diferentes a la compra o el alquiler, económicamente viables y sostenibles. Habrá que tener en cuenta que los créditos al promotor o al constructor no se hicieron sobre precio de venta, sino sobre precio de coste. En los desahucios, el banco se ha resarcido con el valor del inmueble y sigue cobrando el crédito. El papel del sector público debería ser fundamental también aquí y, además, podría haber equidad social y producirse retornos económicos”.
Decreto de reestructuración del sector financiero
En relación al decreto de reestructuración, García Rubio ha afirmado que “lo conocido hasta ahora de la segunda reestructuración financiera del PP en tres meses permite afirmar que habrá una tercera y una cuarta. No se quiere dimensionar en serio el problema: sólo las provisiones que deberá hacer Bankia para satisfacer la norma propuesta consumirán más de la mitad del dinero que el Gobierno dice estar disponible”.
“Además –explica-, los créditos ofrecidos son financiación encubierta a largo plazo y la Unión Europea exigirá controles. Con la dedicación de resultados a provisiones y el supuesto coste del 10% en intereses habrá muchas más dificultades para que exista crédito. ¿Qué banco va a prestar, incluso al 6 ó 7%, si tiene que captar capital al 10?”
José Antonio García Rubio “responsabiliza fundamentalmente al PP de la gestión de Bankia y al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de haber mirado para otro lado, pero además sujetándose la cabeza. Las principales cajas afectadas han sido gobernadas por el PP, la política financiera ha sido la impuesta por los Gobiernos del PSOE y del PP, que han cumplido al dictado los intereses del capital financiero privado. La gestión del Banco de España es culpable desde los tiempos de Caruana, cuando ya su inspección advirtió de los riesgos financieros de la ‘burbuja inmobiliaria’. Será bueno que haya comisiones de investigación para que cada palo aguante su vela”.
