El parlamentario Mikel Arana defenderá la necesidad de reformar la ley de Accesibilidad a fin de obligar a los ayuntamientos a cumplir los requisitos de accesibilidad en las obras que modifiquen proyectos de urbanización anteriores a la ley. En opinión del parlamentario, si en la actualidad, un ayuntamiento realiza obras de soterramiento o canalizaciones en el entorno urbano, debe estar obligado por la ley de accesibilidad, con independencia de que el proyecto de urbanización fuese anterior a la entrada en vigor de la ley.
Las Administraciones deben liderar y ser ejemplo en el empeño de remover los obstáculos y suprimir barreras. En este sentido, Arana cree que la ley 20/1997 de Accesibilidad es una ley pensada en su redacción para obligar al cumplimiento a los promotores privados, bajo supervisión e inspección de las administraciones públicas, pero que debería ser más rigurosa para poder exigir el cumplimiento de la propia administración. “¿Quién vigila a la Administración en el cumplimiento de la accesibilidad?” se pregunta Mikel Arana, no parece lógico que los vecinos tengan que acudir a los tribunales para obligar a un ayuntamiento a que cumpla la ley.
Desde las Asociaciones y Federaciones de personas con discapacidad, se está trabajando en diversas reformas de la ley de Accesibilidad y en los decretos de desarrollo, que garanticen el desarrollo de vida independiente de las personas. Y es que, ha añadido el parlamentario Arana, “las dificultades cotidianas que tienen que superar las personas con discapacidad y sus familias, merecen ser consideradas por parte de las Administraciones públicas, y que cuando sus actos administrativos no garanticen entornos accesibles, asuman su responsabilidad”.
Las Administraciones deben liderar y ser ejemplo en el empeño de remover los obstáculos y suprimir barreras. En este sentido, Arana cree que la ley 20/1997 de Accesibilidad es una ley pensada en su redacción para obligar al cumplimiento a los promotores privados, bajo supervisión e inspección de las administraciones públicas, pero que debería ser más rigurosa para poder exigir el cumplimiento de la propia administración. “¿Quién vigila a la Administración en el cumplimiento de la accesibilidad?” se pregunta Mikel Arana, no parece lógico que los vecinos tengan que acudir a los tribunales para obligar a un ayuntamiento a que cumpla la ley.
Desde las Asociaciones y Federaciones de personas con discapacidad, se está trabajando en diversas reformas de la ley de Accesibilidad y en los decretos de desarrollo, que garanticen el desarrollo de vida independiente de las personas. Y es que, ha añadido el parlamentario Arana, “las dificultades cotidianas que tienen que superar las personas con discapacidad y sus familias, merecen ser consideradas por parte de las Administraciones públicas, y que cuando sus actos administrativos no garanticen entornos accesibles, asuman su responsabilidad”.
